Proveedores impagados: vivir al rojo vivo

En el local en venta de su pequeña empresa, Cavas, SA, que desde hace tiempo también es su casa, el constructor José María Solís recorre, dato a dato, factura a factura, el via crucis en el que se ha transformado su vida desde el inicio de la crisis. “Yo, desde el año 2008, no sé lo que es dormir ocho horas seguidas”, asegura. Tres ayuntamientos de la Comunidad de Madrid le deben dinero. En conjunto, la deuda asciende a más de 260.000 euros. Un poco menos de esa cantidad, calcula Solís, es lo que él le debe a sus proveedores y exempleados.

Fachada del local en venta de la empresa constructora en Morata de Tajuña. / E. LUNA

El municipio de Morata de Tajuña, en el que vive tras divorciarse, tiene una deuda con él, según la factura que muestra, de más de 59.500 euros —IVA incluido— por la tercera y última fase de las obras de remodelación de un antiguo molino, el de la Huerta de Angulo, que ahora es un museo. El pago de esa factura, la número 24-07 de 22 de noviembre de 2007, fue rechazado en el Pleno del Ayuntamiento del 28 de enero de 2011, con tres votos en contra del Grupo Unidos por Morata y 10 abstenciones, seis del Grupo Popular, tres del Grupo Socialista y una del Grupo Izquierda Unida. Paradojicamente, la concejala portavoz del Grupo Unidos por Morata, Concepción Loriente García, era la alcaldesa socialista del pueblo en la época en la que se contrajeron esas deudas con Solís. En dicho pleno, Loriente alegó que la factura no se podía pagar, porque “no adjuntaba certificación de obras”. Pero dos informes, uno del 5 de agosto de 2010 del arquitecto Gerardo Pérez Calleja y otro del 3 de diciembre de ese mismo año del arquitecto municipal Juan Ramón Espiga Romero, indican que las obras están efectuadas pero no pagadas. Según el alcalde popular de Morata de Tajuña, Mariano Franco, que mantiene una buena relación con Solís, “la única solución que le queda [a Solís] para cobrar esa factura es recurrir a los tribunales”. El empresario tiene interpuesta una denuncia por estafa y prevaricación contra la exalcaldesa, que está admitida a trámite en el Juzgado número uno de Arganda del Rey. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Morata —entre otros— le quiere embargar por no pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles —IBI— y otras plusvalías. El constructor ya intentó formar parte de ese pleno, al presentarse a las elecciones municipales de 2007 como cabeza de lista del Partido Independiente de Morata, aunque no consiguieron ningún escaño.
Pero Solís ya se dio a conocer al público el 3 de febrero de 2009, cuando se encerró en su camión impidiendo la entrada al Ayuntamiento de Loeches, ahora del PP, y amenazó con quemarse dentro del vehículo. “O me voy con el cheque, o me voy para adelante, pero el alcalde no se ríe más de mí. Aquí estoy con una botella de gasolina y un bidón, porque ya no puedo más, estoy desesperado”, declaró ese día. Ahora, asegura que no tenía pensado quemarse, “pero una vez dentro, la situación te sobrepasa”. Ese consistorio le debía cerca de 600.000 euros por unas obras que realizó en 2005, cuando gobernaba el PSOE, para la adecuación de unos espacios verdes en la zona de Arganda. Finalmente pudo cobrar, previo acuerdo de una quita por unos desperfectos que se originaron tras la obra. Esos daños, se queja Solís, aun están sin arreglar. El municipio de Loeches aun tiene una deuda con Solís por intereses de demora, que asciende a casi 130.000 euros. Las facturas que muestra en este caso son de los años 2007, 2008, 2009 y 2010. “Y tampoco me han devuelto la gasolina de aquel día, y al precio que está ahora, tendré que solicitarla”, añade medio en broma.
El otro ayuntamiento que debe dinero a Solís es el de Casarrobuelos. Además de la factura de 53.000 euros que le deben por la construcción de un vestuario para el polideportivo municipal, Solís exhibe la conversación, de noviembre de 2011, que mantuvo por Whatsapp con el alcalde de Izquierda Unida de ese Municipio, Álvaro Sánchez, en la que éste le dice que no puede “hacer milagros” para pagarle la factura. Éste es el único consistorio que ha reconocido su deuda con el empresario, pero el equipo de Gobierno no ha conseguido aprobar las cuentas municipales, por regir en minoría. Sánchez declara que no sabe cómo afectará esto a Solís y al resto de proveedores, aunque asegura que “serán los propios consistorios los que tengan que hacerse cargo de las facturas por los intereses de demora”. Los ayuntamientos no pueden acogerse al Real Decreto-Ley 4/2012 para pagar estas facturas, aunque la normativa sí contempla que el abono a favor del contratista, además de la deuda contraída, también conlleva la extinción de “los intereses, las costas judiciales y cualesquiera gastos accesorios”. A esto es a lo que se agarró el alcalde de Loeches, Antonio Notario, para, de oficio y el día de la pasada huelga general, mandar una carta al constructor, en la que le comunicó el rechazo de todas las facturas que le deben.

José María Solís a la entrada de su local. / E. LUNA

La constructora Cavas, SA, que ahora se enfrenta a varios expedientes sancionadores por impagos y a una rebaja en su calificación por llevar mucho tiempo sin realizar trabajo alguno, se fundó en torno a 1990. En sus mejores momentos —2006—, contaba con hasta 20 trabajadores. Por entonces, asegura el constructor, los ayuntamientos le pedían por favor que les hiciese muchas obras, cuyos concursos se quedaban desiertos. Ahora, el único empleado de la empresa es su hijo mayor, que está inscrito como autónomo, porque él está prejubilado “por una lesión en los hombros”. Al menos, Solís sigue cobrando una pensión por minusvalía. El pequeño empresario trabajó en Agroman desde 1969 hasta finales de los 80, cuando se instaló por su cuenta junto con otro socio, también de esa empresa. “Mi socio se jubiló antes de que empezase esto, porque era bastante más mayor que yo”, añade. Ahora Cavas, SA, está “muy hecha polvo”.
Lo peor de todo, según Solís, es que “la gente piensa que porque le debemos dinero, ya no tenemos derechos”. Varios de sus antiguos empleados viven en Morata de Tajuña, y a algunos les debe dinero. Y no solo a ellos, también a varios proveedores. El otro día, comenta, tomando una cerveza en una terraza con su hijo, casi llegaron a las manos con uno de ellos, que les echaba en cara que se estuviesen tomando una caña con su dinero.
De hecho, mientras charlamos le llaman por teléfono desde el banco —La Caixa—, para exigirle el pago de una letra de la hipoteca. Solís se excusa con la persona que llama y le pide más tiempo para pagar, porque tiene otra deuda pendiente más apremiante, de 900 euros, que tiene que pagar si no quiere que le den una paliza.
Solís se queja de que él tiene que seguir pagando todo, mientras que a él le deben un montón de dinero, “y no pasa absolutamente nada”. Asegura que solo recibe providencias de apremio de los bancos, del Ministerio de Hacienda y de la Seguridad Social y cartas con facturas, que ya ni siquiera abre.”No puedo pagarlo, no tengo dinero físico”, exclama, y se pregunta si no se podría compensar con lo que le deben a él. Por poner un ejemplo, Hacienda le debe a él parte del IVA que tuvo que pagar el año pasado.
Respecto de la quita contemplada en el plan de pago de facturas a proveedores del Ministerio de Hacienda para cobrar antes, Solís asegura que no tiene pensado rebajar “ni un duro”. “Yo estoy devolviendo hipotecas, mi hijo —con una niña de 4 años— está devolviendo hipotecas y Cavas, SA, también está devolviendo hipotecas”, y lo peor, según Solís, es que no pueden volver a trabajar, porque los ayuntamientos no pagan. De hecho, lo primero que le dijo el alcalde de Loeches, tras meses pidiéndole que le recibiera, fue que, si quería cobrar, tenía que renunciar a los intereses. Por eso, concluye: “Esto es para vivirlo. Muchas veces pienso que tendría que volver a hacer algo”.

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