Bosques sin comunidad, vecinos sin bosques

“Seguir yendo al bosque simplemente a pasear dependerá de que lo permita, o no, la empresa de turno”. Latino Rodríguez, presidente de la mancomunidad de montes de Valmiñor, al sur de Pontevedra, resume así lo que significa para él la aprobación de la nueva Ley 7/2012, de montes de Galicia. La normativa, aprobada el pasado 28 de junio en el Parlamento gallego con los únicos votos del Partido Popular, abre la puerta a que la gestión de los montes vecinales en mano común pueda ir a parar a empresas privadas. El presidente de la Organización Gallega de Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común, Xosé Alfredo Pereira, sostiene que estos terrenos han sido “el sustento de la agricultura y la ganadería” de muchos pueblos durante generaciones y teme que con la privatización del monte se pierda parte del patrimonio natural y cultural español. “Es como si te obligaran a alquilar tu piso. Luego, el arrendatario no va a permitir que vayas a su casa a hacer lo que quieras”, explica Rodríguez en un gallego cerrado, pero no por ello menos claro.
En Valmiñor lo que obtienen del aprovechamiento forestal, que ahora se limita a la tala de madera de pino y eucalipto, sirve para contratar a “dos trabajadores para labores de limpieza del bosque durante unos ocho o nueve meses al año”. También para financiar proyectos sociales: “Pagamos las camisetas del equipo de fútbol local y ayudamos al centro cultural”. La nueva ley obliga a las agrupaciones vecinales propietarias de montes, como la de Rodríguez, a tener un proyecto de ordenación forestal y un plan técnico de gestión aprobado en un plazo máximo de seis años a contar desde que lo haga público el Diario Oficial de Galicia. El problema es que esta comunidad constituye casi una excepción en el entramado rural gallego. Pereira le pone cifras a este conflicto en ciernes: “De los cerca de 3.000 montes vecinales de Galicia, que gestionan alrededor de 700.000 hectáreas de territorio, lo que representa el 30% de la superficie forestal gallega, menos de 500 cumplirían con lo establecido por la nueva ley en favor de la empresa privada”, asegura. Y no lo cumplen porque esas pedanías propietarias de monte no tienen constituida todavía una asociación que canalice el conocimiento, el esfuerzo y los costes que supone su adaptación a este cambio en la legislación.
Todo se complica debido al estado de abandono en el que se encuentran muchas de estas comunidades, con poblaciones envejecidas, problemas entre los vecinos, que no se ponen de acuerdo ni para darse de alta en el registro de la Consejería, y un sector forestal —tan primario como la agricultura y la pesca— cuya explotación de recursos forestales se sitúa por debajo del límite de lo rentable. Uno de los detalles que más preocupa a Pereira tiene que ver con el tiempo de cesión. Rodríguez no lo tiene claro, pero cree que será “de 30 años ampliable a 40”. A un segundo de silencio al otro lado del hilo telefónico le sigue una pregunta obligada: “¿Qué le vamos a dejar a nuestro hijos y nietos?”
La adaptación debe ser autorizada por la propia Xunta, que asumiría la gestión de los montes en caso de incumplimiento. “Lo que pasa es que a la Xunta no le interesa económicamente la gestión de esos terrenos”, aclara José Manuel Mesego, vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Forestales de Galicia, por lo que se la va a ceder a empresas privadas que ya han mostrado un gran interés por hacerse con ella para su propio beneficio. Las eólicas no escatiman esfuerzos a la hora de encontrar lugares en los que instalar sus nuevos parques —como en el intento del expresidente de la Xunta, Manuel Fraga, de expropiar el monte Argonzón, en Chantada— y la aplicación a Galicia de la normativa estatal de cultivos energéticos —que ya está en fase de alegaciones— ha despertado el interés de muchas compañías en el campo del aprovechamiento de la biomasa forestal como combustible. Pero hay más actores implicados. La subida del precio de los piensos casi obliga a los ganaderos extensivos a recuperar las zonas naturales de pastoreo para no cerrar sus explotaciones. Muchos municipios, sobre todo de la costa, buscan, empujados por los últimos supervivientes de la fiebre del ladrillo, expandir sus núcleos urbanos hacia estos terrenos. Ese el caso del monte de Valmiñor, dónde el Ayuntamiento “quiere declarar parte como urbano para favorecer a las empresas de construcción”, se queja Rodríguez.
Fuentes de la Secretaría General de Montes y Medio Rural defienden que la ley no pretende quitar nada a nadie, porque esos terrenos “ya son propiedad” de las mancomunidades. Pero no dicen nada de lo que pasaría si estas no cumplen con las condiciones y los plazos establecidos. Si eso ocurriese los beneficios generados por los montes de más del 80% de las mancomunidades propietarias gallegas iría a manos privadas. Así lo cree Carlos Fernández, abogado gallego experto en legislación forestal, que lamenta que la figura del monte vecinal tenga tan poca regulación y genere tanta atracción sobre todo a raíz del negocio eólico y energético.
Los montes vecinales en mano común han sido siempre patrimonio de todos… y de nadie. Su ancestral forma de titularidad colectiva, por la que ningún vecino es propietario del territorio, sino beneficiario con derecho de uso y gestión, subsistió incluso al fenómeno desamortizador. “Mi tío, que fue el primero en reclamar su propiedad para los vecinos, ya me hablaba del uso que le daban mis abuelos, que recogían leña y piñas para la estufa y los toxos [especie de matorral espinoso] para usarlos como abono”, recuerda Rodríguez. Belén Fervenza, vocal de la comunidad de montes de Reboreda (Pontevedra), explica que “los bosques comunales antes eran un recurso vivo fundamental del que no se podía prescindir en la zona rural”. Durante el periodo que siguió a la Guerra Civil y hasta el fin del franquismo, salvaron a muchos de morir de hambre o de frío, ya que además de fuente de abonos y leña, se repartía el terreno entre los comuneros con pocos recursos para que pudiesen cultivar o llevar al ganado. Con el posterior abandono del medio rural, en busca de la prosperidad de las ciudades y su industria, cayeron en desuso. “En los últimos años ha cambiado mucho la visión que se tiene de ellos. Se ven como un recurso económico que no forma parte del día a día de las comunidades campestres”, se lamenta Fervenza, que, emocionada, hace un último llamamiento: “Hay que devolverle el monte a la gente y no esperar a que sean los políticos los que vengan a ordenar el territorio que hay cerca de casa”.

Vista general de la diversidad de usos de un monte vecinal gallego./ S. C. G. TRESPÉS 

Un proyecto audiovisual (www.entodasasmans.com) pretende señalar las potencialidades de estos montes como herramientas válidas para la gestión y custodia del territorio próximo. Una realidad que se sitúa entre lo público y lo privado y está presente en el norte de Portugal, en parte de Asturias y, sobre todo, en Galicia. El problema, muchas veces, está en poner en valor su sostenibilidad. A día de hoy, solo parecen ser rentables los que acogen canteras o molinos de viento, ya que los ingresos por la venta de madera son menores que los gastos. Por término medio, una tonelada de eucalipto se paga a entre 30 y 40 euros. Una solución parcial podría pasar por la consideración de que el dinero que las empresas pagan por emitir dióxido de carbono se reinvierta en los espacios que lo absorben. Esta ha sido una reivindicación histórica de los montes vecinales en mano común.
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