Con el lobo en el punto de mira

En algunos lugares de Galicia manejan su propia versión del cuento del lobo feroz. Al final el lobo no huye porque se queme el rabo bajando por una chimenea, sino porque le persigue el hombre, que es el único realmente feroz en este cuento. El resto de la fábula es más o menos así: una batida de jabalíes autorizada por la Xunta el pasado 6 de septiembre se llevó a cabo justo en el lugar en el que se encontraba criando una manada de lobos, tres adultos y cinco lobeznos. Según la versión de varios miembros de la Asociación Coordinadora de Protectoras de Pontevedra (ACOPO), que se encontraban grabando a los animales en ese momento, la batida tuvo como consecuencia que los perros de los cazadores apresaran a uno de los lobeznos, y que los lobos adultos tuvieran que huir para salvar la vida, dejando a las crías atrás a merced de los intrusos. Fin de la historia.

Entender la moraleja puede ser más complicado, y lo mejor en estos casos es acudir a fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. “En Galicia, este suceso entra dentro de la legalidad”, sostienen. La Xunta justifica la batida del jabalí fuera del periodo hábil de caza, y así ocurre en este caso, como una “medida de control por daños”, es decir, “con el fin de reducir los daños que se puedan producir en la agricultura, en la ganadería, en la silvicultura, en la circulación viaria, en la flora y fauna silvestre”. Así viene recogido literalmente en la resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de Galicia, en la que se determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales por especies para la temporada 2015/16.

Son unas causas tan genéricas que, según las mismas fuentes ministeriales, propician que el periodo de caza se dilate hasta casi diez meses al año, y defienden que “se deberían respetar las épocas de reproducción”, así como que la actividad afecte lo menos posible a otras especies. Pero el lobo parece estar casi siempre en el punto de mira de los cazadores. Por un lado, la directiva europea 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la llamada “Directiva Hábitats”, concede un estatus especial de indefensión al lobo al norte del Duero: en su anexo V, de especies protegidas, establece que sólo tendrán protección las poblaciones al sur del mismo. Por otro lado, la legislación autonómica no obliga a que haya ningún funcionario de la Xunta velando por la correcta marcha de la actuación, como reclaman la mayoría de las asociaciones ecologistas gallegas desde hace años. A lo único a lo que estas se pueden agarrar es a la obligatoriedad por parte de los promotores de la actividad, de informar de los resultados de la misma por escrito y en un plazo no mayor a diez días. Aunque muchas de las veces resulta frustrante recabar información de las autoridades. A una reclamación que ACOPO hizo en 2014 por este mismo motivo a la Xunta, recibió una respuesta un tanto surrealista: “Si se autoriza una batida de jabalí dentro de su período hábil de caza, o bien por daños fuera de su período hábil, la especie afectada por la acción de caza es en todo caso el jabalí.” A la vista está que no siempre es así.

Una de las razones que la Xunta más suele esgrimir para autorizar las batidas de jabalíes y otras especies cinegéticas es la de evitar los accidentes de circulación. Esta dramática circunstancia siempre es justificable, y tiene la ventaja de que con ella, la Dirección General se ahorra en las engorrosas comprobaciones previas de daños, a las que también obliga la orden de vedas de caza antes de autorizar esas medidas excepcionales. Este tema fue ya motivo de protesta tras la aprobación de la actual Ley de Seguridad Vial. La presente ley, de mayo de 2014, exime de responsabilidad a los titulares de los cotos de caza en caso de que alguno de sus animales provoque un accidente de circulación. Ahora la culpa es del conductor, aunque no se le podrá reclamar el valor de los animales. Si no se tratase de algo tan trágico, casi parecería una broma. Numerosos juristas pusieron el grito en el cielo ante el cambio en la norma por parte del Gobierno, y defendieron que sería más sencillo y práctico “obligar a los titulares de los cotos a concertar un seguro de responsabilidad civil que cubriese los daños causados”, y a la administración a extremar el cuidado de los cerramientos. Pero eso le salía caro a los cazadores y sus cotos: según estimaciones de la Federación Gallega de Caza, en 2010 se produjeron más de 800 accidentes con fauna cinegética en Galicia, con un gasto para los tecores de más de un millón de euros. La modificación en la ley es una jugada maestra: los cazadores no sólo no pagan las consecuencias que pueden derivarse de su actividad, sino que de pronto tienen una excusa indiscutible para intensificarla.

En cualquier caso, cabría preguntarse si la hipocresía, entendida como la actitud de fingir unas cualidades que no se poseen, adolece de límites; si existe una línea roja que la hipocresía no pueda traspasar. Casi puede intuirse que esa línea tiene que ser portátil, que se puede cargar a cuestas y llevarla hasta dónde a cada uno le venga en gana. Hasta donde sirva para satisfacer los propios intereses. Hoy aquí, mañana allí; en este tema estrecha como el filo de una navaja, en el otro ancha como el mar. Elástica hasta el infinito. También cabría preguntarse si la Dirección General de Conservación de la Naturaleza merece en este caso tal nombre, o si la titular de la citada Dirección General no creyó oportuno establecer limitaciones temporales a las medidas de control, “con el fin de evitar alteraciones en las poblaciones de fauna silvestre y no interferir en su cría y reproducción”, como viene expresamente recogido en el documento que ella misma firma. Más, si cabe, cuando la Xunta tenía conocimiento de la situación de los lobos merced a un estudio que está realizando para actualizar su censo en Galicia, y de que, con ese motivo, algunos de ellos llevan collares GPS que indican su posición.

En vista de estas circunstancias y de lo recurrente de estas prácticas feroces contra el lobo, no sería descabellado pensar que la administración gallega podría estar haciendo la vista gorda con estas acciones, encubriéndolas bajo diferentes epígrafes burocráticos. El oscurantismo informativo con el que la Xunta trata la protección y conservación del lobo ya ha sido objeto anteriormente de múltiples protestas.

Algunos técnicos en el Ministerio sostienen que probablemente se trate sólo de una cuestión local y que, aunque no se puede demostrar, parece que había una intención de molestar al lobo. También lamentan la visión tan cortoplacista del problema, ya que dudan que estos y anteriores episodios conlleven una disminución drástica de las poblaciones y, sin embargo, sí creen que llevará asociada una diversificación territorial de las manadas. Quizá sea porque ellos manejan otra versión diferente del cuento del lobo feroz.

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